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Seamos francos

hace 11 minutos
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Franco también tenía leyes. Tenía sus Cortes, sus tribunales y todo un gobierno con reglas, trámites y papeles que firmar. Su Ley Orgánica del Estado de 1967 decía que el jefe del Estado representaba la soberanía nacional y tenía la máxima autoridad política y administrativa. Hasta la concentración del poder tenía sus papeles en regla. Por eso, cuando alguien quiere cerrar una discusión con un “todo se hizo conforme a la ley”, a mí todavía me quedan dudas.


Este 18 de noviembre se cumplen 50 años de la votación con la que las Cortes franquistas abrieron el camino a la reforma política española. Piénsalo: gente que tenía un lugar dentro del régimen aceptó cambiar las reglas, aun sabiendo que podía quedarse fuera. Hubo reformas, negociaciones y una sociedad que quería participar. Para avanzar hacia la democracia había que aceptar algo que a quien manda normalmente le cuesta bastante: que otros pudieran llevarle la contraria, ponerle límites y, algún día, ocupar su lugar.


Y ahí es donde pienso en México: ¿a quién le estamos dando más poder con cada cambio? Una reforma puede darnos más herramientas para defendernos del gobierno o dejarnos con menos opciones para reclamarle. Y cualquiera de las dos puede venir con firmas, sellos y una mayoría celebrando que se aprobó.


Por eso, “tenemos los votos” me parece una respuesta bastante mediocre. Claro que tener mayoría permite tomar decisiones. También obliga a explicar qué va a pasar con ellas. Más cuando están cambiando las reglas para vigilar a los mismos que las cambian.


Ahí está lo de la transparencia. Después de la desaparición del INAI, parte de esas funciones quedó en Transparencia para el Pueblo, una autoridad dentro de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Entre otras cosas, atiende reclamos cuando las dependencias federales no entregan la información que se les pide. A su titular lo nombra el Ejecutivo. El reglamento dice que tiene autonomía técnica y operativa.


Y ahí me nace una duda: si una dependencia se niega a entregar información sin tener una razón válida, ¿quién revisa el caso podrá obligarla, aunque se enoje quien lo nombró? Si alguien pide un contrato incómodo para el gobierno, necesita que le den la razón cuando la tenga. Ahí se verá qué tanto puede decidir sin tener que quedar bien con nadie.


Lo que funcionaba mal en el INAI había que arreglarlo. Y si hubo abusos, castigar a los responsables. Pero nuestro derecho a saber en qué se gastan el dinero no vale menos porque una institución tenga errores. Ponerle un nombre bonito todavía no resuelve nada.


Con los jueces pasa algo parecido. En 2025 “elegimos” por voto popular a integrantes del Poder Judicial federal. Pero haber pasado por una elección no resuelve cómo van a hacer su trabajo sin presiones. Eso también hay que cuidarlo.


Cuando alguien tiene un pleito con una autoridad, necesita un juez que revise el expediente sin estar pensando primero a quién va a hacer enojar. Si el juez siente que le debe un favor a un grupo político, que tiene que agradarle al gobierno o cuidarse de una campaña en su contra, el ciudadano ya trae un problema de más. Y ese ni siquiera venía en la demanda.


Por eso sirve volver a la historia española. Salir de un sistema donde el poder estaba tan concentrado exigía que las instituciones pudieran hacer su trabajo, incluso cuando al gobernante no le gustara. De poco sirve tener varias oficinas, cada una con su función, si a la hora de decidir algo importante todas voltean al mismo despacho para ver qué les dejan hacer.


Hay otro detalle. En 1977, Adolfo Suárez legalizó al Partido Comunista, aunque estaba en contra de su ideología. Abrió la puerta para que sus adversarios pudieran organizarse, competir y ganar puestos. Había que aceptar que el país también era de quienes iban a llevarle la contraria. Con lo cómodo que habría sido dejarlos fuera.


En México convendría pensar en eso. Ganar una elección no convierte a los demás en extranjeros dentro de su propio país. Quien perdió sigue teniendo derecho a preguntar, investigar, llevar su caso ante un juez e intentar ganar la siguiente. Y quien votó por el ganador también puede reclamarle. Haberle dado el voto no nos obliga a darle la razón en todo.


Cuando un movimiento se cree el único que puede hablar por el pueblo, se vuelve facilísimo decir que cualquiera que lo cuestione está contra la gente. Entonces el juez que frena una decisión se vuelve enemigo y el periodista que investiga resulta sospechoso.


Qué cómodo: decir que hablas por todos para ahorrarte la molestia de escuchar a los demás.


El problema termina pagándolo cualquiera de nosotros. Porque esas herramientas que hoy le estorban al gobierno mañana pueden protegernos.


Además, los gobiernos cambian. El poder que hoy nos parece bien darle a alguien mañana lo puede tener una persona que nos parezca un desastre. Por eso no me convence eso de dejarlos hacer lo que quieran porque “ahora sí están los buenos”. Los límites tienen que servirnos el día que llegue uno malo.


Hay mucho que reclamarles a los gobiernos anteriores y mucho que exigirle al actual. Si algo debieron dejarnos los abusos del pasado es la costumbre de vigilar al que manda, también cuando es nuestro favorito.


En España, las propias Cortes de la dictadura ayudaron a abrir el camino hacia un gobierno con límites. Qué ironía sería que aquí un Congreso elegido por la gente se dedicara a quitárselos.


Antes de aplaudir cada reforma, yo quiero saber si después de ella un mexicano va a poder defenderse mejor de la autoridad.


La democracia debería servir para que nuestros derechos no dependan de tener suerte con el jefe.


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